Los 10 Puntos

  • Sembrando Dignidad

    El año de 2015 es el plazo establecido por los Estados para el cumplimiento de las metas educativas acordadas en el contexto internacional, en particular las metas de Educación para Todos (EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs). En la medida en que se acerca esta fecha límite, la comunidad internacional implementa una serie de procesos de evaluación indagando qué se ha logrado, al mismo tiempo en que señala el desafío de construir nuevas obligaciones globales: ¿cuáles serán las prioridades y compromisos de los Estados a partir del 2015?

    Para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), las agendas de desarrollo y de educación para el Post 2015 deben necesariamente partir de los instrumentos de derechos humanos ya ratificados por los Estados.

    Estamos movilizadas/os alrededor de este esfuerzo, recordándole a los Estados, a la comunidad internacional y a la ciudadanía en general la importancia de que se promueva a todas y todos una educación que sea verdaderamente garante de derechos, sembrando dignidad en y desde ella.

    Esta iniciativa cuenta con la alianza estratégica de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER).

  • Qué queremos?

    Sembrando Dignidad quiere especialmente contribuir a que más organizaciones y personas acompañen y participen en el proceso de debates respecto a la Agenda Post-2015 en América Latina y el Caribe. Y no sólo eso. La iniciativa quiere aportar a que esta nueva agenda incorpore las recomendaciones presentes en los 10 puntos que aquí presentamos.

    En ese sentido, la CLADE viene participando activamente en los espacios de debate multilaterales, en articulación con otras organizaciones de la sociedad civil, Estados y organismos de Naciones Unidas. Por otra parte, importante recordar que estos mismos principios deben orientar las políticas públicas de educación en nuestra región. De esta forma se espera que la campaña contribuya también a que los Estados tomen en cuenta los 10 puntos y con esto se avance en la realización del derecho humano a la educación para todos y todas.

    Realización: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) | Alianza estratégica: Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) | Ilustraciones: Catarina Bessell | Ingeniería web: Marlos Apyus

    Av. Prof. Alfonso Bovero, 430, conj. 10 – Perdizes, São Paulo, 01254-000, Brasil, Tel. +55 11 3853-7900 | [email protected]

    Conoce nuestros 10 puntos y ayudános a difundirlos! Caso desees contactarnos, basta con escribir un e-mail a: [email protected].
  • 1 Todo ser humano tiene derecho a la educacion

    Qué quiere decir esto? Que somos sujetos de derecho, por el simple hecho de que somos humanos. Eso implica que el derecho humano a la educación debe garantizarse para todos y todas, sin excepción, iniciando en la primera infancia y siguiendo a lo largo de toda la vida. Este se realiza, antes que nada, cuando la educación ofrecida cumple su propósito: ser pertinente, relevante, transformadora y crítica.

    En los diversos pactos y tratados internacionales, nuestros Estados se han comprometido a brindar una educación que promueva la dignidad humana, el fortalecimiento de los demás derechos humanos y de las libertades fundamentales, la justicia social y ambiental.

    Para que este derecho se cumpla, hay condiciones ineludibles: tener instituciones educativas disponibles en cantidad suficiente en todo el territorio, gratuitas y accesibles a todos y todas, sin discriminación. Igualmente, la educación debe ser pertinente y de buena calidad, lo suficientemente flexible para darle respuesta a las necesidades de las distintas comunidades y sociedades y sus diversos contextos sociales y culturales.

  • “El tema de la democracia es un tema absolutamente fundamental para la educación”

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    Foto: CLADE

    Vernor Muñoz es jurista, ex-Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, profesor universitario y Asesor Global de Educación de Plan International. Para él, el sentido del derecho humano a la educación no puede concretarse si los Estados no cumplen con 4 obligaciones fundamentales estipuladas en el marco internacional. 

     

    ¿Cómo definirías el derecho humano a la educación?

    El derecho humano a la educación se refiere a las garantías que todas las personas tienen de tener oportunidades educativas, sin importar la edad, el origen étnico, sociocultural ni cualquier otra condición, y este derecho lleva como correlato las obligaciones específicas que tienen los Estados para garantizar esas oportunidades educativas, garantía que debe ofrecerse en el contexto sociocultural de las personas y atendiendo sus necesidades y derechos fundamentales.

    ¿Qué obligaciones de los Estados destacarías?

    El marco internacional de derechos humanos ha establecido cuatro obligaciones fundamentales que han sido clarificadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y más específicamente por el trabajo de la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Educación, a partir de una clarificación que hizo la ex-Relatora Katarina Tomasevski. Son cuatro obligaciones fundamentales: la primera tiene que ver con la obligación que tienen los Estados de proveer recursos para que la educación sea posible, es decir, de construir escuelas, materiales didácticos, de destinar el presupuesto necesarios para que la educación sea posible, son obligaciones de disponer de recursos. La segunda obligación es de garantizar el acceso a la educación, garantizar el acceso no únicamente físico, sino también el acceso económico y por supuesto garantizar que la educación está libre de todo tipo de discriminación. La tercera obligación es la de adaptar los procesos educativos a las necesidades específicas de las personas y de los pueblos. Esto significa por lo tanto tener el interés superior del niño y de la niña como guía para la educación en el caso de las personas menores de edad y por supuesto reconocer, desarrollar, potenciar las culturas de los pueblos y en estos contextos ofrecer la educación que se adecue a estas culturas. Y finalmente hay una obligación de aceptabilidad, que tiene que ver con la necesidad de ofrecer una educación relevante y pertinente, que responda a las aspiraciones de las personas y los pueblos y que les facilite la resolución de los problemas prácticos de sus vidas, pero que también responda a las necesidades comunitarias. Estas cuatro obligaciones centrales se han reconocido dentro del marco normativo del derecho humano a la educación y atraviesa todas esas obligaciones una obligación general que consiste en la responsabilidad que tienen los Estados, las instituciones públicas, los operadores del sistema educativo de rendir cuentas por su trabajo.

    ¿Cuál es la importancia del fortalecimiento de la democracia y de la participación ciudadana para que se concrete el derecho este y se cumplan las cuatro obligaciones fundamentales de los Estados?

    Los procesos de democratización son fundamentales para el desarrollo del derecho humano a la educación, no se puede entender el derecho humano a la educación si no es en contextos en los que las personas participan en la toma de decisiones, no únicamente en la implementación de las políticas públicas, sino también en la definición de estas políticas públicas. Tenemos que recordar que la escuela, y los ejércitos y cuerpos policiales, son las únicas instituciones típicamente estatales que no se han beneficiado grandemente de los procesos de democratización, y esto dice mucho del trabajo que hay que hacer aún en materia escolar.

    Seguimos teniendo escuelas verticales, escuelas que tienen como norte el disciplinamiento antes que el desarrollo de los aprendizajes y esto se nota cuando encontramos que muchos de los niños y niñas no están construyendo aprendizajes significativos en los procesos escolares. De manera tal que el tema de la democracia es un tema absolutamente fundamental para la educación y es uno de los temas donde menos avances hemos encontrado. La participación en la toma de decisiones y la construcción de un curriculum que responda más a las necesidades y a la dignificación de las personas no contradice la esencia de la educación sino que más bien la enriquece.

    ¿Cómo evalúas el contexto de realización del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe? Dónde hay más vulnerabilidad y dónde más fortalezas?

    Hemos reiterado en diversos foros que el contexto de profundas desigualdades que caracteriza las sociedades de América Latina y el Caribe se proyecta con mucha fuerza en la educación. De alguna manera los sistemas educativos reproducen las desigualdades existentes en el entorno, de modo tal que no es extraño, no es raro decir que los sistemas educativos de América Latina, al igual que sus mismas sociedades, son esencialmente discriminatorios y esencialmente desiguales, a pesar de que el ingreso per capita ha subido, a pesar que América Latina ha mejorado sus índices económicos la desigualdad y las asimetrías económicas siguen expresándose con extrema fuerza en los sistemas educativos y castigando específicamente aquellos grupos poblacionales que tradicionalmente han sido discriminados de las oportunidades sociales y económicas en general. Es decir, la grande masa de mujeres y de niñas indígenas y de habitantes de las zonas rurales siguen estando en la retaguardia. Seguimos viendo como a pesar de que los presupuestos educativos aumentan, este aumento no se refleja específicamente en las comunidades que han sido históricamente explotadas, vemos que el crecimiento del presupuesto educativo sigue estando relegado para las regiones urbanas y siguen las regiones rurales marginadas de los avances en la educación, de manera tal que la inversión educativa si bien ha aumentado, tampoco se ha democratizado. Las poblaciones empobrecidas siguen recibiendo una educación pobre y esto revela, digamos, un drama particular. Con mayor perversión, las personas con discapacidad y las personas que hablan idiomas diferentes de los idiomas hegemónicos siguen también en la retaguardia de las oportunidades educativas y esto quiere decir que existe una clara predisposición para privilegiar un tipo de educación hegemónica, un tipo de educación que no responde a las necesidades específicas de los grupos que han sido sujetos a la discriminación históricamente hablando.

    En ese sentido, ¿en qué deberían enfocarse los países para que se concrete el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe?

    Me parece que la educación no puede responder por si sola a los procesos de discriminación y exclusión social que han estado presentes en muchos ámbitos sociales, de manera tal que las reformas educativas deberían tener como contextos reformas políticas y económicas que precisamente ataquen la desigualdad de manera frontal. Esto pasa entonces por una reforma tributaria, de manera tal que los grupos económicamente poderosos comiencen a tributar como corresponden, responde también a una reforma de carácter social, de medidas afirmativas, para fortalecer las ambiciones de emancipación de las mujeres, las ambiciones de que incrementen la participación de las personas jóvenes y menores de edad en general, es decir, me parece que la reforma educativa debe tener como referencia un proceso político de mayor envergadura, que permita entender que no se puede avanzar en la igualdad educativa si no se avanza también en la igualdad social, económica y política en general. No entendemos nosotros un proceso educativo para dignificar las condiciones sociales en que viven los pueblos más oprimidos si no se da en el contexto de una lectura que fortalezca los derechos de las mujeres y los derechos de las poblaciones indígenas en América Latina, por ejemplo.

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  • 2 Los Estados son los garantes de los derechos

    Esto implica en fortalecer los sistemas de educación pública para que respondan a las obligaciones que los Estados han suscrito en los diversos instrumentos de derechos humanos, sean estos internacionales, regionales o nacionales: respetar, proteger y promover el derecho a la educación.

    Las normas dejan explícita la obligación de los Estados de garantizar la educación gratuita, obligatoria y universal, al menos en la enseñanza primaria y progresivamente en los siguientes niveles, como el secundario y el superior. El requisito de la gratuidad es inequívoco. Reconocer a los Estados como garantes de derechos implica también en regular la oferta de la educación privada.

    Finalmente, debe haber mecanismos eficaces disponibles para contrarrestar violaciones, lo que da derecho a todas las personas a acceder a los sistemas de Justicia para exigir reparación del Estado.

  • “La educación es el espacio más importante para la construcción de la ciudadanía”

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    Foto: Archivo personal

    Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos y miembro del Consejo Nacional de Educación de Perú, discute el papel de los Estados en la garantía de derechos. Sostiene la necesidad de sensibilizar sobre el tema del derecho humano a la educación, así como de fortalecer los mecanismos y los espacios de participación existentes

     

    ¿Cuál es el papel de los Estados en la garantía del derecho humano a la educación?

    Esta es una pregunta bien importante. El Estado es la institución responsable por velar de que no haya inequidades en la sociedad. Probablemente por la superpoblación de las ciudades, la división del trabajo, y por la manera como se han estructurado los grupos sociales, hayan tendencias hacia inequidades y el Estado tiene que proteger que esto por lo menos no suceda en la manera en que sucede. Esto que parece elementar es importante, porque tiene que ver con el segundo papel, que es tratar de buscar estrategias para evitar o combatir esas inequidades.

    ¿Qué significa defender la educación como un bien público?

    Yo respondería que hay dos niveles: el primero es que la educación es probablemente el mejor espacio para la interacción social – ojala que además esta interacción sea la más democrática y la más justa, no? –, pero también, la educación como un bien público supone que se la reconoce como un bien común. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona con mejor educación va a contribuir de mejor manera a esta construcción colectiva y no solo para ella misma. Entonces como bien público, debe haber mayor espacio para la interacción social, para la democracia y también para poder aportar hacia el colectivo.

    ¿De qué manera la defensa de la educación como un bien público contribuye para el fortalecimiento de la ciudadanía?

    Yo siempre he sostenido que la educación, particularmente la escuela, es el espacio más importante para la construcción de la ciudadanía. Ahí es donde podemos encontrarnos con otro que es distinto, que tiene los mismos derechos que yo, y por lo tanto esa diferencia no lo hace más o menos, sino distinto. Y eso es un ejercicio de ciudadanía, y ese ejercicio yo tengo en una institución donde tengo que cumplir algunas normas y en la que tengo también algunos derechos, es el primer encuentro de sujetos con un espacio ciudadano. En ese plano, por supuesto, la educación resulta fundamental, ojala con reconocimiento válido del otro, ojala sea una relación simétrica con el otro. El otro plano es que el ejercicio ciudadano en educación supone de que aprenda desde niño o niña a relacionarme con el Estado y esta es otra relación importante pues la ciudadanía tiene ese plano de interacción con el otro, el diferente, pero también tiene ese plano de interacción con el Estado como la institución que me alberga, que me protege y a la cual yo le puedo exigir. La educación pública – y por esto es importante la educación pública – es el primer encuentro del sujeto con el Estado y por eso es fundamentalmente importante.

    ¿Cómo se puede promover la participación ciudadana en cuanto a la exigencia del derecho humano a la educación frente a los Estados?

    Primero, es tratar de lograr que el discurso del derecho humano a la educación sea apropiado por todos/as y no solo por un grupo. Lamentablemente, por un lado, la realidad no es así, y por otro, el discurso de la calidad de la educación, de cierto tipo de calidad de educación ha sido apropiado por la sociedad en general, por la ciudadanía, mucho más fácil y mucho más rápido que en el caso del derecho humano a la educación, entonces hay ahí un trabajo importante en el que se necesita que la ciudadanía se apropie de este discurso; y segundo, tratando de fortalecer los mecanismos y los espacios de participación que ya existen y que muchas veces son utilizados solamente como canales de reclamo y exigencia, cuando yo creo que también pueden ser espacios y mecanismos que permitan contribuir de manera ciudadana a la construcción de este derecho humano a la educación.

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  • 3 Educación es derecho, no importa la edad

    La educación debe estar disponible y ser accesible en todo el país de forma igualitaria, a lo largo de todo el ciclo educativo, lo que incluye la educación en la primera infancia, la educación primaria, secundaria, técnica y profesional, y la universitaria. Comprende además la alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas dentro de la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

    Reconocer que el derecho a la educación comienza desde el nacimiento contribuye a fortalecer los derechos de niños y niñas a la protección de todos los otros derechos.

    La voluntad política de responder a todas las etapas y dimensiones del derecho a la educación debe estar claramente establecida en las agendas de desarrollo y de educación Post-2015.

  • “Reconocer la educación como derecho para toda la vida, es poder reconocerla como un pilar de la transformación de las sociedades”

    Deisy Aparicio, representante de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (ANDES) de Colombia, comenta la importancia de pensar políticas educativas integrales, más allá del acceso, que apuesten en la educación como un derecho humano y un derecho a lo largo de toda la vida. 

     

     

    Si bien las cifras de la educación primaria en América Latina y el Caribe apuntan para la casi universalización, tanto la educación en la primera infancia, como la secundaria y la superior siguen lejos de universalizarse. ¿Por qué tal diferencia?

    Yo creo que es por no pensarnos unas políticas educativas integrales en el marco también de avanzar hacia niveles de justicia social, es decir, de incorporar la educación como un criterio necesario para el desarrollo económico y político de las naciones, de los países de América Latina. Y en ese sentido se ha priorizado tanto en la alfabetización, en el hecho de que nuestra población latinoamericana aprenda a escribir y a leer, que no entendemos como una prioridad también la educación de manera sistemática y para toda la vida, es decir, el avanzar en una educación universal en la básica, en la media y sobre todo avanzar en la universalización también de la educación superior sobre la base de la garantía efectiva del derecho. Hemos querido es hacer, digamos, una invisibilización de esta problemática, sobre la base de visibilizar los avances en materia de alfabetización. En ese sentido, creo que la diferencia se da también principalmente por los niveles muchas veces de falta de garantías para la permanencia en la educación, garantías que no solamente se enmarcan en el hecho digamos de la política tradicional de acceso a la educación, sino la permanencia condicionada, por ejemplo en el caso de las y los estudiantes, al bienestar estudiantil; al llegar a los colegios, al acceso al transporte, al acceso a la cultura, al acceso a beneficios que puedan brindar la posibilidad de estar en el aula y no desprenderse de ésta para generar otras labores como puede ser incorporarse a la vida laboral o marginarse en el contexto educativo.

    Hablando de educación superior, ¿podrías nombrar algunas políticas específicas que estén llevando adelante los Estados latinoamericanos para garantizar el acceso?

    Bueno, básicamente podríamos decir que hay una garantía en cuanto al tema de acceso superior en algunos países como puede ser en el caso de Brasil donde se amplió el presupuesto para la educación o en el caso mismo de Argentina donde hay gratuidad en el acceso a la educación superior. Digamos esos elementos garantistas del derecho se ven truncados por otros países y naciones, como pueden ser Chile o Colombia, donde el acceso a la educación universitaria es muy bajo. Lo que se ha suscitado esto en un tema de mercantilización que impone unas lógicas de segregación social a tal punto que hoy no se logre realmente acceder a la educación superior sobre todo a la educación universitaria dado que se ha priorizado más la educación técnica y tecnológica en muchos países.

    ¿Y eso a qué se debe?

    Yo creo que principalmente también a la lógica de entender el sistema político. Creo que hay naciones en el contexto latinoamericano que se han apostado por garantizar mayores niveles de justicia, de justicia social, de equiparabilidad de derechos como es el caso de lo que mencionaba: Brasil, el caso de Argentina, el mismo caso de Ecuador, el caso de Bolivia que tiene una política educativa maravillosa, integral en lo holístico, lo antipatriarcal lo anticolonial. Pero creo que el sistema económico y político de otras naciones es el que hace que no haya una apuesta central en la educación como derecho, sino una apuesta central de la educación como una mercancía que impone, digamos, unas reglas en el campo educativo, que son las reglas de la oferta y la demanda, las reglas de la segregación, unas reglas, que han valorado el sistema educativo como uno de los pilares para la generación de recursos para empresas privadas y sobre todo transnacionales como en el caso de Colombia sucede.

    Un obstáculo que persiste respecto a la realización del derecho humano a la educación en la primera infancia y en el caso de las personas adultas es reconocer a esas personas como sujetos de derechos. ¿Por qué crees que es tan difícil de hacerlo? ¿Qué contribuciones traería este reconocimiento para superar la discriminación?

    Bueno, frente al caso, sobre todo de la primera infancia, es porque las políticas educativas y las formas de construirse siempre se validan desde escenarios donde se margina la posibilidad de que el niño o la niña se piense el tipo de educación que quiere y en ese sentido debemos romper con esas lógicas relacionales, debemos realmente generar una democratización en la construcción de las políticas educativas, sobre todo valorando el hecho de la idea de una política pública que sea abierta de cara a los países, de cara a las comunidades y que responda realmente a los contextos. Frente al caso de las personas adultas, yo creo que uno de los obstáculos que se validan, es que muchas veces socialmente ya no son aceptadas. Personas que llegan a un nivel de edad en el cual lo que hacen las comunidades, la sociedad es marginarlas, en el marco de la imposibilidad de que ellos ya no cumplen, digamos, efectivamente una función dentro de la lógica sobre todo del trabajo, y en esa perspectiva pues ya no son funcionales a los países, pues no están generando recursos.

    ¿Cuál es la importancia de reconocer la educación como un derecho a lo largo de toda la vida?

    Como derecho para toda la vida, es en el marco de poder reconocerla como un pilar fundamental de la transformación de las sociedades. Si hoy tenemos una educación atomizada en los diferentes niveles, lo que va a generar realmente es un sujeto o una ciudadanía precaria; la construcción de ciudadanías precarias. Y es porque comprenderla para toda la vida también es comprender el sentido hacia donde debe tornarse la educación, qué tipo de sujetos construyen las escuelas, qué tipo de sujetos se debaten en el marco del sistema educativo para que la educación, y en ese sentido, reconocerlo como un derecho, es decir, que sea para todos y para todas.

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  • 4 La educación de personas jóvenes y adultas es una prioridad pendiente

    Instrumentos internacionales de derechos humanos hacen hincapié en que el derecho a la educación no está limitado por edad, raza, clase, género o condición socioeconómica, y que se aplica a niños y niñas, personas jóvenes y adultas, incluidas las personas mayores.

    Sin embargo, la educación y la alfabetización de personas adultas no han recibido la atención que merecen, y se les debe dar prioridad en los marcos internacionales y regionales, así como en las políticas gubernamentales nacionales y locales, a la vez reflejarse en las agendas de desarrollo y educación post-2015.

    Las políticas y los programas centrados en la educación de personas jóvenes y adultas deben reconocer su patrimonio cultural, sus saberes, representaciones, expectativas y capacidades, sus contextos y necesidades.

  • “No hay otra posibilidad de pensar la educación si no es para la vida y durante toda la vida”

    Francisco Scarfo punto 4

    Foto: Archivo personal

    Francisco Scarfó, investigador del Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (GESEC), defiende que la normativa y la política educativa deben incorporar la noción de educación como un derecho humano, y recuerda que la educación no puede perder de vista los sujetos a quiénes se destina.

     

     

    ¿Qué obstáculos existen para la realización del derecho a la educación a las personas jóvenes y adultas?

    Hay dos variables me parece a mi. Por un lado, lo que el sistema educativo garantiza en lo oficial, que debería en verdad abarcar mucho más y ser mucho más pretencioso en que todo el mundo acceda. Y por otro, aquellos que no acceden y no se mantienen en el sistema educativo.

    ¿Cuál seria esta visión mucho más amplia de la educación?

    La educación nos provee algo que es maravilloso, que es la dignidad, de convertirnos en sujetos dignos, en sujetos de derechos. Y eso no tiene reemplazo de nada. Es lo más valioso que nos puede dar la educación. Justamente en la política pública, en esta última década ha habido una gran fuerza en esto de pensar la educación como derecho. Lo venimos señalando hace ya más de 10 años, que en el sistema penal es donde realmente el reconocimiento de derechos siempre es algo más tardío. Entonces queda un montón de gente que queda afuera y me parece que la concepción de la política publica es en el discurso, en el pensar; ahí es a veces donde más dificultades hay porque no hay presupuesto o la instrumentación de esa política pública se hace desde un lugar donde no se toma en consideración las cuestiones regionales, las cuestiones características de los colectivos que necesitan más.

    Tú tienes muchos años trabajando el tema de personas privadas de libertad, y digamos que son personas que constituyen también un público que ha sido discriminado y quizás menos atendido en materia de educación. ¿Qué es lo que falta para hacer cambiar esta realidad?

    Hay por lo menos tres variables. La primera es la cuestión normativa: muy pocos Estados tienen incorporado en la normativa tanto en la ley de educación, como en la de ejecución penal, la formulación de la educación como derecho. Segundo: que la política tenga una concepción de derechos también, que no piense en la educación como meramente una cuestión de ocupación del tiempo libre. Sino que justamente sea el ejercicio de un derecho. Y en tercer lugar, pensar la educación para el sujeto que la está recibiendo, y esto implica pensar al sujeto que está privado de la libertad, y pensar también en la cárcel y en una serie de factores que se dan cuando uno piensa que justamente porque está en la cárcel, está como relegado, como por ejemplo derechos que nos den seguridad. Y un derecho que da esa seguridad es el derecho a la educación.

    ¿Cómo podemos cambiar esta concepción para que la visión sobre personas privadas de la libertad, también se les incluya no solamente como sujetos de derecho, sino también en el ámbito educativo?

    Es indudable que hay que hacer un trabajo paralelo en esto de cómo se concibe la cárcel. En primer lugar, si la concebimos a la cárcel como un lugar de depósito de los que se portan mal y nada más y que todo el mundo piense que se pudran en la cárcel, o como un lugar de tránsito en donde la persona purga su castigo mas allá de las consideraciones, es decir, si está bien o mal que sea ese dispositivo la cárcel. Pero es necesario comprender que la cárcel es un dispositivo más social, de control, de disciplinamiento que está en nuestra sociedad y que merece atención nuestra. Saber que cualquiera puede ir a la cárcel, que no necesariamente está dirigida a los pobres, que en verdad es así – a los pobres desocupados que son los que más poblan cárceles –, pero también nadie está ajeno a eso. Y también esto de abrir la cárcel, generar que la sociedad civil vaya a la cárcel. Generar instancias de políticas de apertura de la cárcel, que no vean como monstruos las personas que están encerradas, sino también hay que pensar que es gente que comete errores, por circunstancias de la vida o sociales, que es gente. Y que merece la atención de nuestra como sociedad porque esa gente en algún momento va a salir de la cárcel y va a volver a la sociedad. Entonces nosotros como solidaridad humana, tenemos que estar atentos de lo que pasa ahí, pues esa gente es parte de nuestra sociedad, no más, y está transitoriamente en ese lugar.

    ¿Cuál sería el rol de la sociedad civil en este sentido?

    Como sociedad civil temos que llegar a una exigencia doble. Por un lado, al Estado reclamarle más garantías y más instancias de apertura del derecho que les llega a todos y a todas, particularmente para sujetos que están en situación de vulnerabilidad como es el colectivo de personas privadas de libertad. Y también como sociedad civil dar el paso al acto, ó sea, pasar a involucrarse con el tema de las cárceles. Y a veces se olvida a las personas que están privadas de libertad. Y hay voluntad, digamos, mucha voluntad de querer cambiar, de pensarse en otros proyectos, en otra posibilidad, tanto dentro de la cárcel como fuera de la cárcel; como lo que viene después. Digo, es una cuestión también de dar más visibilidad a las personas que están en la cárcel, a lo que se refiere en educación, a lo que se refiere a espacios formativos, en lo que se refiere al acceso a la cultura.

    ¿Se puede pensar entonces en la educación para la vida?

    Es que no hay otra posibilidad de pensar la educación si no es para la vida y durante toda la vida. No hay otra posibilidad, pensar la educación meramente como un hecho gradual, meramente como un hecho escolar y dejarlo ahí nada más, es condición necesaria pero no suficiente para la transformación de la sociedad. Pensar en la educación durante toda la vida y para toda la vida implica un hecho de sostener un espíritu de transformación permanente y de cambio permanente. Siempre estamos en condición de aprender algo en cualquier momento y en cualquier lugar. Y ese conocimiento nos cambia también o nos permite sentirnos mejor. Nos permite sentirnos más dignos, nos permite reconocer al otro, nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Entonces me parece que va por ahí el tema de tomar conciencia, que la educación no es solamente lo escolar, sino que hay otros espacios que también educan, otros espacios que también son necesarios que estén. La sociedad nos educa y también la educación educa a la sociedad.

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  • 5 La educación de calidad promueve dignidad y derechos

    La calidad es parte integrante del derecho humano a la educación.

    La educación de calidad brinda a las personas la posibilidad de conocer, interpretar e intervenir en el mundo, desde un pensamiento y un accionar crítico y comprometido con el bien común y la justicia social y ambiental.

    La Convención sobre los Derechos del Niño hace hincapié en que se debe poner atención no sólo al contenido del currículo, sino también a los procesos, métodos y ambientes pedagógicos, los cuales, en su conjunto, deben estar orientados a responder al propósito de la educación tal como planteado en los marcos internacionales de derechos humanos.

    Una educación de calidad promueve el pensamiento crítico, la creatividad, la cooperación, el diálogo, la empatía, el cuidado, la resolución no violenta de conflictos y la armonía con el medio ambiente.

    Por ende, las evaluaciones educativas deben partir de esa concepción de calidad, considerar los sistemas educativos como un todo, ser integrales y formativas, desarrolladas con la participación de la comunidad educativa.

  • “La educación de calidad es la que cumple el derecho humano a la educación”

    Foto: Archivo personal

    Foto: Archivo personal

    Salomão Ximenes es abogado y coordina el programa Acción en la Justicia, de la ONG Acción Educativa. En la entrevista, él discute la noción de derecho a la calidad de la educación y argumenta que no basta promover ciertas capacidades y habilidades valoradas por el mercado y medir su aprendizaje a través de las pruebas estandarizadas

     

    ¿Qué es una educación de calidad?

    La educación de calidad es la que cumple el derecho humano a la educación, cumple los derechos humanos en la educación y por medio de la educación. En este sentido, contamos con la contribución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (DESC), que establece que el derecho humano a la educación debe tener las siguientes características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Ya el derecho a una educación de calidad tiene una dimensión que es la de determinar que el Estado adopte medidas para su realización directa – por ejemplo, invirtiendo recursos para garantizar un buen funcionamiento de las escuelas. Pero también implica posiciones fundamentales de derechos humanos, que son la protección contra la acción arbitraria por parte del Estado o de otras personas. Por lo tanto, el derecho humano a la educación es también aquel que garantiza el espacio de la libertad académica de las y os estudiantes y profesoras/es, es el derecho a la pluralidad de conceptos pedagógicos, la posibilidad de que la escuela construya con relativa autonomía los proyectos educativos, etc. Se trata de derechos que requieren, sin duda, la acción directa del Estado, pero que van más allá de tal dimensión: requieren que se les dé condiciones de autonomía relativa a la escuela y a sus estudiantes.

    ¿Cuál es tú opinión acerca de los métodos de evaluación estandarizados de la enseñanza? ¿Miden la calidad de la educación?

    El respeto de los derechos humanos en el proceso educativo es crucial para comprender y llevar a cabo una educación de calidad. Es decir, no basta la promoción de ciertas capacidades y habilidades valoradas por el mercado y medir su aprendizaje a través de pruebas estandarizadas: la realización del derecho humano a la educación también debe permitir la realización de otros derechos humanos en la educación, por ejemplo, el derecho a la participación y la ciudadanía. Por otra parte, la realización de los derechos humanos a través de la educación se debe lograr en la medida en que la escuela y el sistema educacional promuevan una cultura de derechos humanos, de combate a las desigualdades y a las discriminaciones estructurales, como el racismo, la dominación de género y la homofobia. Aquí relaciono el derecho humano a la educación al princípio de la igualdad, que involucra, para la educación, la igualdad de oportunidades y la igualdad de base. En la educación básica, es la igualdad de base que debe prevalecer, visto que en esta etapa el derecho humano a la educación es conducido por el principio de la universalidad. Esto implica la búsqueda de la eliminación de la desigualdad social a través de la educación, a través de la promoción de políticas públicas que aseguren condiciones básicas de calidad a todas las personas y que fortalezcan los sectores explorados o marginados. Una escuela que tiene un buen resultado en la evaluación externa, pero que promueve la desigualdad y la segmentación, interpreta la calidad de forma restrictiva cuando valora demasiado la prueba estandarizada.

    ¿Qué dimensiones debería tenerse en cuenta al evaluar la calidad de la educación?

    A partir de la literatura e de documentos internacionales, identifico siete dimensiones de la realización del derecho humano a la educación de calidad, todas con algún nível de protección jurídica: la dimensión de las/los estudiantes; ambiente escolar; condiciones de infraestructura y suministros básicos; contenido; procesos educativos pertinentes; resultados; y la financiación pública. Yo sostengo que la realización del derecho humano a la educación de calidad implica la realización de estas dimensiones de manera integrada, y de manera que todas se lleven a cabo al máximo. Hoy, sin embargo, hay una tendencia a definir las dimensiones jurídicas de la educación de calidad únicamente como patrones mínimos. La Constitución brasileña de 1988 (art. 206, VII), por ejemplo, y los tratados internacionales no autorizan esa interpretación. En estes documentos, el derecho a la educación de calidad es el derecho a ejercer la máxima calidad, considerándose todas las siete dimensiones. Estabelecer patrones mínimos puede ser importante en los contextos en que siquiera se cumple con dichos patrones, pero el derecho a la educación, el derecho de exigir una educación de calidad va mucho más allá.

    ¿Esa financiación es una dimensión importante de la consecución de una educación de calidad? ¿Cuál sería el impacto de la privatización de la educación en términos de calidad?

    Estoy convencido de que la única manera de lograr el derecho humano a la educación es a través de un sistema público coherente y equitativo, en que el sistema privado se coloque como subsidiario. Sin embargo, dentro de la perspectiva colocada hoy en la mayoría de los países de América Latina y en Brasil, el sistema privado se justifica por la segmentación social. Por lo tanto, el propio sistema educacional viola los derechos humanos y el principio de la igualdad. Además, ahora hay un proceso de entrada de la lógica privada y de la ganancia en la educación pública. Esto trae riesgos para la realización del derecho humano a la educación, por ejemplo, mediante la canalización de fondos públicos a empresas que venden materiales apostillados para las escuelas públicas. Estos materiales se insertan con poca o ninguna participación de la comunidad escolar del municipio o de la escuela, imponiendo sistemas educativos estandarizados que tienden a reducir la educación a contenidos mínimos y le retiran otras dimensiones esenciales al derecho humano a la educación (como la libertad, el pluralismo, la autonomía relativa escuelas, la gestión escolar democrática en las escuelas, etc.). Otro problema que existe hoy en día es una generalización de la formación de nuevos profesionales de la educación básica en instituciones privadas, oligopolios y de baja calidad, que incluso se promocionan valiéndose de precios bajos.

  • 6 Superar las discriminaciones es condición para que los derechos se realicen

    La participación de todas las personas en pie de igualdad es fundamental para que se logre justicia y dignidad.

    Por lo tanto, hay que garantizar el acceso y la calidad educativa a todas y todos, sin restricción: deben superarse todas las formas de discriminación y exclusión en y a través de la educación, incluidas las que se basan en la edad, creencias, clase, raza, cultura, discapacidad, origen étnico o social, género, identidad de género, orientación sexual, ubicación geográfica, idioma, estado civil, embarazo, religión y condición socioeconómica.

    Hay que valorar la diferencia, la diversidad y la interculturalidad, y promover modelos de relaciones igualitarias entre las personas y con la naturaleza. Las escuelas deben ser lugares de encuentro, de ejercicio de la democracia y de realización de los derechos humanos.

  • “Con una educación para la paz, estamos hablando en la posibilidad de tener niñas y mujeres como ciudadanas libres de toda violencia”

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    Foto: Archivo personal

    Elba Núñez, coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), discute el tema de la discriminación de género en América Latina y el Caribe y hace un llamado sobre los contextos de extrema violencia que generan y son generados por la discriminación.

     

    ¿Cómo se ve, cómo se siente la discriminación de género en las escuelas y en los centros educativos en América Latina y el Caribe?

    La discriminación se expresa en los obstáculos particulares que afrontan las niñas para el acceso y permanencia en el sistema escolar, porque justamente enfrentan formas de violencia, acoso sexual por su condición de género, en algunos casos por pares, si no por los propios maestros, maestras. En ese sentido, vemos la discriminación que en muchos casos se reproduce en imágenes estereotipadas, imágenes y contenidos sexistas en textos escolares y en las didácticas, pero también en el currículo oculto de la educación. Son obstáculos que efectivamente están en los rostros, es decir, en las formas múltiples de discriminación que persisten en los sistemas de justicia hacia las niñas.

    ¿Es posible decir que una escuela verdaderamente anti-discriminatoria ayuda a fortalecer los sistemas democráticos?

    Justamente, esto es un tema central, porque nos ayuda a fortalecer los sistemas democráticos, sistemas de participación, sistemas en que efectivamente se reconozcan a las niñas en igualdad de condiciones, sobre todo que el ser mujer indígena, el ser lesbiana, el ser trans, o negra, seguimos sumando elementos que efectivamente tienen que garantizarse: que por el hecho de ser lo que uno/a es, no sufra violencia, pero además que el sistema promueva un reconocimiento, y no solamente, sino que promueva una igualdad en las oportunidades. Un sistema de educación que respeta la diversidad, garantiza procesos democráticos y construye ciudadanías protagónicas, que pueden decidir sobre su destino. Estamos vendo un retroceso muy grande en América Latina. Esto que conocíamos en la década de 1970, en la noche de los lápices, por ejemplo, en que se perseguía a estudiantes por el hecho de pensar en un sistema de liberación en relación al sistema autoritario… Hoy por ejemplo, estamos vendo situaciones como la que ha ocurrido recientemente, por ejemplo, con la masacre y desaparición de estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Iguala, Estado de Guerrero, México, o ciertas prácticas de persecución a estudiantes que promueven procesos organizativos, que están exigiendo esto que es central: la educación como un derecho humano.

    ¿Qué papel tendría que cumplir una educación para la paz que genere, desde un pensamiento crítico, esta no discriminación en los centros educativos y la escuela?

    En ese sentido, un gran reto que guarda el sistema educativo es el de remover las prácticas socioculturales sexistas, machistas, que siguen promoviendo, siguen legitimando la violencia contra las mujeres, pero también se llama a crear una consciencia crítica acerca de una mirada al contexto de cómo ciertas situaciones de militarización – estoy pensando en os territorios donde actualmente en Paraguay se está teniendo intervención militar y cómo esto afecta el acceso a la educación de las niñas en esas zonas rurales. Pero no solamente eso, en cómo vuelve a sembrarse el terror, el miedo. El miedo de mandar una niña a la escuela porque estamos hablando de una zona militarizada. Estamos hablando de una zona militarizada, lamentablemente, hoy en día en Paraguay, pero estoy pensando también en esta misma lógica en un contexto colombiano, donde sabemos lo que ha sido el conflicto que históricamente se ha mantenido en el país y cómo eso ha causado desplazamientos forzados en la vida de las mujeres. Entonces, con una educación para la paz, integrada al sistema educativo, estamos hablando en la posibilidad de tener niñas y mujeres como ciudadanas libres de toda violencia.

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  • 7 Las maestras y maestros son el corazón de la educación de calidad

    La educación de calidad requiere valorar a las maestras y maestros, dándole prioridad a su formación y desarrollo profesional continuo en todos los niveles de enseñanza; a la reducción del tamaño de las clases; al suministro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje; y a salarios y condiciones de trabajo justos.

    El derecho a la educación demanda respetar los derechos de las y los docentes.

    Además, ellas y ellos deben tener autonomía y libertad académica; participar activamente en el debate político, en la toma de decisiones, en el proceso de construcción de los sentidos de la calidad educativa y en la definición de la evaluación docente, la cual debe ser formativa.

  • “Es necesario revalorizar la profesión docente”

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    Foto: Archivo personal

    Guillermo Scherping, representante del Colegio de Profesores de Chile, considera que mejorar las condiciones de enseñanza es fundamental para mejorar la docencia y la enseñanza. En su opinión, la escuela debe ser un espacio de integración y de oportunidades iguales, un espacio privilegiado de construcción de la democracia.

     

     

    Se dice que las maestras y maestros son el corazón de la educación de calidad. ¿Cuál es tú opinión?

    Las y los docentes son parte de las condiciones de enseñanza que la sociedad y el Estado generan para poder llevar adelante la educación de niñas, niños y jóvenes. Por cierto que las y los docentes hacemos la diferencia, pero que una diferencia mayor y más sustantiva haríamos si los Estados consecuentemente generaran las mejores condiciones para el desarrollo de la enseñanza. Es una responsabilidad profesional la docencia, que está siempre estrechamente vinculada a las condiciones en las cuales se ejerce. Pero vuelvo a insistir: de mejorar las condiciones, por cierto que también mejoran la enseñanza y los aprendizajes de las y los estudiantes.

    ¿Qué otros elementos forman parte de ese ejercicio por el derecho humano a la educación, donde maestras y maestros son una clave?

    En todo nuestro continente, las y los docentes viven su contrato laboral un 100% frente al curso, es la única profesión que no cuenta con espacio para el desarrollo profesional, para la reflexión de la propia práctica, para la formación continua, para la atención de estudiantes, de madres y padres y otras labores profesionales que se cumplen en esta unidad social que es la escuela. En segundo lugar, por cierto que están los aspectos salariales, como la valoración que el Estado hace y la sociedad hace de la labor docente. En la medida que el salario de las y los docentes es bajo y precarizado, por cierto ello habla de malas condiciones de enseñanza – no porque las y los docentes van a ejercer mal su enseñanza, pues harán su mejor esfuerzo. Son muy malas condiciones de enseñanza, lo que en definitivo redundan en las buenas condiciones que las niñas, niños y jóvenes de nuestro continente deberían recibir. Otro aspecto es la gran cantidad de estudiantes por curso. Salas con una gran cantidad de estudiantes dificultan mucho más las posibilidades de enseñanza. Otro elemento, que en particular en el caso chileno es dramático, es la ausencia de integración e inclusión social en los aulas. Es sabido que Chile tiene uno de los sistemas de educación más segmentados del mundo, dicho incluso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o sea, es un sistema de educación sumamente clasista, en donde nunca se encuentran los distintos. Ello representa una dificultad para el desarrollo de los mejores aprendizajes, tanto para aquellos que tienen una buena situación económica, como para aquellos que tienen una situación más deprivada.

    Y porque en definitivo el espacio educativo también es un espacio para la construcción de ciudadanía, de la democracia que queremos, a que aspiramos…

    Efectivamente, si en el espacio educativo no se encuentran nunca los distintos, ello es expulsivo de los distintos, por cierto que se está pensando en una sociedad fragmentada, conflictuada, que difícilmente puede desarrollar toda su potencialidad democrática. La democracia se desarrolla en toda su potencialidad en la medida en que todas y todos tenemos oportunidad, todas y todos vivimos integradas/os. Y el espacio escolar es un espacio privilegiado para esa integración.

    ¿A qué debería estar orientada la educación?

    A la construcción de la felicidad, a la profundización democrática en nuestros países, generando mejores condiciones para la calidad de vida, esa búsqueda de la felicidad. El trabajo, la economía no pueden ser un castigo. El trabajo es la dignificación del ser humano, hay que generar entonces sociedades donde el trabajo se dignifique y no sea un castigo, como es hoy en día en buena parte de nuestros países.

    ¿De qué modo se puede promover frente a los Estados el ejercicio digno de la labor docente?

    En primer lugar, con los y las demás, con otros/as. No puede ser un impulso o una defensa, o auto-defensa individual. Tiene que ser con otras/os, tiene que ser en pluralidad, de que es necesario revalorar, revalorizar la profesión docente y en esa revalorización, tenemos que ocuparnos de una profunda transformación de la formación inicial docente, de la formación continua y también del ejercicio docente por la vía de generar mejores condiciones en los institutos formadores de docentes, de que las condiciones de enseñanza no son un privilegio para las y los docentes, no son la reducción de condiciones laborales, sino que son las condiciones para que se desarrolle la enseñanza, para el desarrollo de los sistemas educativos y de los procesos de enseñanza.

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  • 8 Recursos públicos para la educación pública

    La realización del derecho a la educación requiere una financiación en niveles suficientes para garantizar el acceso gratuito a todos y todas, su calidad y pertinencia, en ambientes seguros, sanos y bien equipados, con maestros y maestros valorados y con buenas condiciones de trabajo.

    El Estado es responsable por asegurar el financiamiento y poner en marcha sistemas fiscales justos y progresistas.

    Sin embargo, muchos presupuestos nacionales todavía no reflejan una prioridad a la educación, especialmente en la primera infancia y en la alfabetización y educación de personas adultas.

    Para cambiar esta realidad, se recomienda destinar a la educación al menos el 6% del PIB y el 20% del presupuesto nacional. Además, los instrumentos internacionales de derechos subrayan que en países sin recursos suficientes para la educación, la comunidad internacional debe apoyar su financiación: los organismos de cooperación internacional deben destinar al menos el 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la educación básica.

  • “Cuanto más el sistema se abre a la transferencia de recursos públicos al sistema de educación privada, más aumentan la segmentación y la desigualdad”

    Foto: Archivo personal

    José Marcelino de Rezende Pinto es un economista y profesor de la Universidad de São Paulo, Brasil. Según argumenta, la educación pública es la única capaz de garantizar la igualdad. Él considera que la educación como un derecho humano implica la elaboración participativa del presupuesto público asignado al sector.

     

    ¿Cómo se prepara el presupuesto de la educación pública? 

    El presupuesto es más a menudo preparado por el Ejecutivo, en general por el sector de planificación, que lo envía al Congreso, éste lo discute, eventualmente presenta enmiendas y lo aprueba antes de fin de año, para entrar en vigor al año siguiente. Pero no es raro que entre en vigor un nuevo año fiscal sin un presupuesto aprobado. Debe quedar claro, sin embargo, que el presupuesto es una ley que solamente autoriza, es decir, para que se haga un gasto determinado debe estar necesariamente en el presupuesto, pero el ejecutivo no está obligado a llevar a cabo todos los gastos operativos e inversiones previstos en la ley del presupuesto.

    ¿Cómo la sociedad civil puede participar en este proceso?
    En principio, se debe llevar a cabo un proceso de presupuesto participativo – que existe desde hace varios años en algunas ciudades de Brasil, por ejemplo. Un proceso mediante el cual, con reuniones plenarias regionales y temáticas, la población puede desarrollar colectivamente el presupuesto. En los lugares donde no existen los presupuestos participativos o en esferas de actividad en las que es más complicado (como en el caso de los Estados y del Presupuesto Federal), mi argumento es que los respectivos consejos en las áreas de derechos humanos pueden discutirlo previamente, proponer las partidas de gastos y tomar una posición al respecto.

    ¿La cifra del 6% del PIB o el 20% del presupuesto nacional para la educación, el nivel mínimo establecido por la comunidad internacional, es por sí mismo suficiente para garantizar una educación de calidad? ¿Cómo garantizar que la educación tendrá recursos suficientes?

    En Brasil acaba de ser aprobada la cifra del 10% del PIB, porque durante décadas el país ha gastado cifras que no alcanzan el 4% del PIB, lo que generó un enorme déficit en términos de asistencia (especialmente en la educación infantil y la educación superior) y en términos de calidad (sobre todo en la educación básica). Y Brasil actualmente gasta por estudiante un tercio de lo que gasta Corea, una cuarta parte de lo que gastan los países europeos y una quinta parte de lo que gastan los EE.UU.. El recurso de origen deben ser los impuestos que deberían gravar a las personas más ricos, pero hoy ocurre lo contrario. Como buena parte de los impuestos inciden sobre los precios de bienes y servicios, los sectores pobres y de clase media baja pagan más que los ricos y la clase media en términos proporcionales, e incluso en términos absolutos (ya que son la mayoría de la población). Mientras tanto, los ricos y la clase media todavía pueden deducir del impuesto sobre la renta el gasto en educación y salud privada, e incluso en empleadas/os domésticas/os. Un país como Brasil, que recauda alrededor del 34% del PIB, tiene como gastar, por un período, el 10% del PIB en educación, hasta que se estabilice al nivel del 6% o 7% de los países ricos. Vale la pena recordar que como estos países tienen un PIB mucho mayor per cápita, el porcentaje de su PIB representa mucho más recursos por estudiante.

    Han aparecido con frecuencia en la esfera pública argumentos que apoyan la transferencia de la definición y gestión del presupuesto de la educación pública al sector privado, en la figura de la responsabilidad social corporativa. ¿Cuál es tú posición sobre este tema?

    Todos los estudios muestran que cuanto más el sistema se abre a la transferencia de recursos públicos al sistema de educación privada, más aumentan la segmentación y la desigualdad en el sistema educativo, haciéndose más difícil mejorar la calidad de la educación para toda la población. Chile es un ejemplo acabado de este proceso. Gracias a una dictadura y a ciertos economistas de Chicago, ha creado uno de los sistemas de educación básica más privatizados del mundo y también uno de los más desiguales. El camino de Finlandia fue lo contrario: una escuela pública común para todos. Mientras más pobres, las personas ricas y remediadas estudian en una misma escuela pública, menor es el gasto total por alumno/a y es más fácil mejorar la calidad gracias al “efecto de los pares”, es decir, los y las “mejores” estudiantes les ayudan a sus compañeros/as que tienen mayor dificultad.

  • 9 Participación democrática: condición de la política educativa

    Las y los ciudadanas/os son sujetos de derechos que deben participar activamente en el debate, la definición y el monitoreo de las políticas educativas, en los mecanismos de rendición de cuentas y en el seguimiento de la inversión pública en educación. En especial, los sujetos de la comunidad educativa- maestros y maestras, estudiantes, padres y madres- deben estar plenamente involucrados en el debate público y toma de decisiones que dicen respecto a la educación.

    La participación ciudadana legitima y califica la política pública y promueve una cultura de derechos humanos, de diálogo, la resolución pacífica de conflictos y relaciones igualitarias y de colaboración entre diferentes actores. Asegurar que los Estados rindan cuentas y que haya un diseño colectivo de prioridades es un fundamento de la democracia que contribuye a hacer efectivo el derecho a la educación.

    La participación de grupos históricamente excluidos y discriminados en todos los niveles – de los consejos nacionales hasta las juntas escolares – es fundamental para superar la injusticia social.

  • “La participación es la única manera de mejorar nuestra sociedad”

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    Vera Masagão, coordinadora de programas e investigadora de la ONG Acción Educativa, comenta sobre la importancia de la participación ciudadana en todos los niveles de la política educativa – nacional, Estado/municipio, escuela, salón de clases. En su opinión, la escuela es un lugar donde la participación debe ser trabajada desde la infancia.

    ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en la política educativa? ¿Cómo asegurarla?

    La participación es la ruta de acceso a una educación de calidad y con sentido para aquellas personas que están involucradas, especialmente los/las estudiantes y sus familias. Las maestras y los maestros son el factor principal de la calidad educativa y es muy difícil incorporar un proyecto educativo, un plan de estudios, la metodología, si no han participado en su elaboración. Las escuelas son parte de los sistemas, que tienen que poner en práctica políticas que están por encima de ellos, pero también tienen que participar en el desarrollo de esa política, además de tener las condiciones, con creatividad y coherencia, de desarrollar lo que es específico a su contexto. A nivel local, del barrio o la escuela, son las familias y las/os propias/os estudiantes los que tienen que tener una voz. Los y las profesionales de la educación, por su parte, necesitan tener mucha sensibilidad a esto, entender que necesitan escuchar el punto de vista de los y de las no profesionales, que su opinión es competente y es su responsabilidad traducir las demandas de la sociedad en propuestas educativas con base teórica y empírica. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la participación en todos los niveles – nacional, Estado/municipio, escuela, salón de clases: un sistema articulado de participación y compromiso en la definición, implementación y evaluación de políticas y proyectos educativos.

    ¿Qué experiencia(s) de éxito deseas poner de relieve en América Latina y el Caribe? ¿Por qué?

    Creo que Brasil tiene una interesante experiencia de institucionalización de la participación en los distintos niveles. Necesita mejorar mucho, pero es interesante pensar que tenemos miles de consejos municipales y escolares donde la gente común ofrece voluntariamente su tiempo para mejorar las políticas públicas. Después de mucha presión de los movimientos sociales, el gobierno federal emitió un decreto con recomendaciones para mejorar el funcionamiento de los consejos y conferencias de políticas públicas. Estas recomendaciones fueron en el sentido de tener más transparencia y representatividad. Pero el decreto terminó provocando una reacción conservadora en el parlamento. Desafortunadamente, tenemos una mayoría de parlamentarios que se creen los únicos que pueden dar su opinión y ejercer el poder. La política sólo mejorará cuando tengamos más personas que participen en la política, no sólo en los partidos, sino también en las instancias de participación. Por lo tanto, es necesario fortalecer la democracia directa (consulta directa de los ciudadanos y ciudadanas para temas más estrategicos a través de plebiscitos y referéndum), y la democracia participativa, las conferencias y los consejos donde los segmentos pueden discutir, proponer y llevar a cabo el control social de las políticas, de los presupuestos públicos.

    ¿Cómo se concretan la participación y la democracia en los ambientes educativos, como las escuelas y los centros educativos? ¿Cuáles son los desafíos involucrados en este proceso?

    La participación es la única manera de mejorar nuestra sociedad, para promover el desarrollo sostenible. Pero requiere aprendizaje y madurez política. En este sentido, la participación debe ser ejercida muy temprano y la escuela es un lugar excelente para ello. En una elección para representante de la clase, las/los estudiantes pueden aprender mucho de política. Además, el local (el municipio o el barrio) es una instancia en la que la participación ciudadana se produce de forma más natural, porque los problemas a resolver están muy de cerca. Por lo tanto, es esencial que las escuelas estén preparadas para estimular a los/las estudiantes a conocer profundamente su territorio, la ciudad y el ecosistema en el que viven. Esto tiene que ser desarrollado localmente por los educadores y educadoras. Participar en el debate y en la búsqueda de alternativas para los problemas locales es un puente para que más personas se dediquen a los temas y movimientos de la ciudadanía mundial – lo que ahora es más fácil debido a las tecnologías de comunicación.

  • 10 La educación es llave para todos los derechos

    La educación es llave para la realización de todos los derechos humanos. Es en sí misma un derecho económico, social y cultural y también un derecho civil y político.

    La educación es capaz de transformar vidas, promoviendo la realización de todos los demás derechos humanos: empodera mujeres hacia la superación del patriarcalismo; promueve la salud y el bienestar; abre camino para el trabajo digno; impulsa una vida pública y política participativa y consciente; promueve la superación de discriminaciones, la convivencia democrática así como una vida libre de violencia.

    La educación, además, concurre para la construcción de relaciones armónicas con la naturaleza, para el buen vivir y la justicia social y ambiental.

    Debe ser, por lo tanto, reconocida, visibilizada y valorada desde una perspectiva intersectorial. Por ello, los Estados deben comprometerse a poner en práctica marcos jurídicos y políticas que garanticen el pleno ejercicio de todos los derechos humanos.

  • “La educación es un derecho que es la causa de poder ejercer otros”

    Foto: Archivo personal

    Foto: Archivo personal

    Constanza Argentieri, responsable de proyectos del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, considera que el reconocimiento de la educación como un derecho es lo que asegura que el Estado cumpla con sus obligaciones. Para ella, la diversidad, la pluralidad y el debate democratico tienen que estar presentes junto a la educación.

     

    ¿Cuál es el valor de la educación como derecho humano?

    La educación como un derecho pone en cabeza del Estado determinadas obligaciones, de tener que tomar medidas y tener que garantizar ese derecho, que el Estado va a tener que adoptar determinados tipos de acciones para que todo el mundo pueda acceder a ese derecho. En segundo lugar, bueno, la educación no es solamente un derecho en si mismo sino que también es un reatribuyo y una garantía de poder ejercer otros derechos que se garantizan una vez garantizado el derecho a la educación. Termina siendo un derecho que es la causa de poder ejercer otros: el derecho al trabajo, el derecho a una salud adecuada, bueno y un montón de otros derechos que están asociados.

    ¿Qué significa esto de la calidad de la educación?    

    Ha habido muchos debates y es un tema todavía debatido. Más allá de que haya algunos parámetros a nivel regional varia de país en país. Nosotros aspiramos cuando hablamos de educación de calidad, es aquella educación que pueda garantizar herramientas y garantizar justamente el ejercicio de otros derechos también. Una educación que sea integral, una educación que tenga en cuenta cuestiones vinculadas con las diversidades culturales, cuestiones que tengan en cuenta, bueno, al sujeto que esta recibiendo su educación.

    ¿Tú nos pudieras compartir alguna experiencia significativa, inspiradora en la que la educación ha jugado un rol relevante por la conquista de derechos que se ha realizado bien sea en el curriculum o en políticas publicas? ¿Nos pudieras comentar alguna experiencia que te ha llamado la atención dentro del ejercicio investigativo, dentro del instituto en el que tú participas?

    Hay un espacio muy interesante que es Mercosur ampliado, o sea, son los miembros pero también los estados asociados quienes participan de lo que se conoce como Mercosur educativo. Eso es un intento también de intercambio de buenas prácticas entre los países en materia de educación. Entonces se reúnen allí todos los semestres para compartir experiencias y para coordinar políticas a nivel regional en materia de educación; y esa es una experiencia que permite justamente poder conocer las realidades de otros países tomando algunas buenas practicas y poder también generar ese vinculo como región.

    La diversidad, la pluralidad, el debate democrático son espacios que tenemos seguir fortaleciendo dentro de los modelos educativos de nuestros países.

    Estas tienen que ser líneas centrales en todo el proceso educativo, en toda la enseñanza y en todo el conocimiento, que desde los niños y niñas más chiquitos/as hasta los y las más grandes, en los distintos niveles educativos que hay tienen que estar presentes.

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